La publicación de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desató un fuerte rechazo por parte de organizaciones y especialistas en el área. La normativa, que establece criterios de evaluación de discapacidad intelectual, utilizó términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, expresiones históricamente asociadas a la medicina psiquiátrica, pero que han sido discontinuadas por considerarse ofensivas y estigmatizantes.
Tras la viralización del anexo donde se detallaban los coeficientes intelectuales (CI) asociados a esas categorías, la ANDIS informó que modificará la resolución y reemplazará los términos con una terminología alineada a estándares internacionales como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5).
Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) calificaron los términos como “ofensivos y obsoletos”, señalando que refuerzan prejuicios y vulneran la dignidad de las personas con discapacidad intelectual. La entidad recordó que estas expresiones fueron eliminadas hace más de 70 años y contradicen los principios de respeto e inclusión promovidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en Argentina en 2008.
AiepesA, otra entidad que nuclea instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad, también expresó su preocupación, denunciando que la resolución “reincorpora terminología degradante” en la evaluación de personas con discapacidad intelectual.
El escándalo obligó a ANDIS a aclarar que la publicación de los términos fue un error y que la modificación de la resolución no alterará los criterios de evaluación vigentes. Sin embargo, el episodio dejó en evidencia la necesidad de un mayor control sobre el lenguaje institucional y las políticas públicas que afectan a sectores históricamente marginados.