El Gobierno nacional postergó hasta abril la entrada en vigencia de los aumentos en las tarifas del gas natural para evitar un mayor impacto inflacionario con las boletas de marzo. Inicialmente los incrementos iban a ser fijados en febrero a pagar a partir del 1 de marzo pasado, luego se pasó al 15 de marzo y ahora comenzarían a regir desde abril, a pagar en mayo.
La decisión se tomó en despachos no energéticos del Ministerio de Economía y se vincula al fuerte temor de los funcionarios que rodean a Luis Caputo por la escalada inflacionaria de marzo, que comenzó con alimentos y podría desparramarse a otros sectores, particularmente los que ya no tienen subsidios como la energía y el transporte público.
Hasta el presidente Javier Milei admitió en las últimas horas que marzo es uno de los peores meses para la inflación anual por su “peligrosa” estacionalidad. La inflación de febrero fue de 13,2% y acumula 276,2% durante el último año, pero para marzo el Gobierno no quiere que supere el 8%.
Durante su participación en AmCham Summit, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, había anticipado la inminente publicación de los nuevos cuadros tarifarios del gas, que ya tiene listos el Enargas, el ente regulador nacional que se presume dejará de existir en breve. Actualmente, en el país en total hay 16,1 millones de usuarios de electricidad y 9,5 millones de usuarios (22 millones de personas) que tienen gas por red, más los usuarios de garrafas, que consume el Gas Licuado de Petróleo (GLP). El último Censo 2022 reveló que en Argentina 20.034.720 personas usan gas envasado todos los días.
El problema del abastecimiento
Hoy la producción de GLP (butano más propano) se desploma a un ritmo de 12% internanual en plantas de procesamiento y a un 8% en las refinerías. ¿La explicación? Nuevamente la estacionalidad y el menor consumo de gas en verano. ¿La preocupación a futuro? El Gobierno anunció que eliminará el Plan Gas y actualmente hay solo 14 platataformas en en operación, 9 pozos de explotación terminados y una producción total de gas que cayó 5,2% en febrero, con un convencional por el piso: bajó 15% y ya no llega aportar ni 50 millones de metros cúbicos de gas por día (MMm3/d), de los 123,8 MMm3/d alcanzados.
A este panorama se agrega la dilación en la licitación de los tramos pendientes de la Reversión del Gasoducto Norte, obra complementaria del Gasoducto Néstor Kirchner, que no estaría terminada para los meses más fríos del 2024. El GPNK hoy tiene capacidad para trasnsportar 11 MMm3/d y escalaría a unos 20 MMm3/d con las dos plantas de compresión, que todavía tampoco están finalizadas.
Tener todas estas obras inauguradas era el Plan A de garantía de Abastecimiento y fuerte reducción de importaciones energéticas. Ahora, no queda más remedio que sacar a relucir otra vez los antiguos Plan B (de Bolivia) y Plan C (de compra de GNL al exterior).
Por eso, para pasar el invierno y llegar a los 180 MMm3/d promedio que se necesitan en julio y agosto, Enarsa importará al menos 10 cargamentos de GNL que llegarán en barco a las terminales regasificadoras de Escobar y Bahía Blanca el mes que viene, a un precio de entre u$s7 u u$s8 por millón de BTU, muy por debajo de los u$s50 del 2022. Un aliciente.
Pero además, se iniciaron gestiones para intercambiar petróleo por el poco gas que le queda a Bolivia porque sino faltará gas en las provincias del Norte del país. Las negociaciones avanzan porque Argentina comenzó a cancelar las deudas pendientes por un total de u$s230 millones.
¿A quiénes le quitarán los subsidios?
Lo cierto es que a todos los usuarios (redes o garrafas) les llegará desde abril la nueva suba de tarifa de gas, que incluirá la “redeterminación” de la estructura de subsidios vigentes, incluyendo a aquellos que ni siquiera poseen conexión a redes de gas natural y se benefician con el Programa Hogar.
La actualización tarifaria se dará en conjunto la puesta en marcha de la Canasta Básica Energética (CBE), con el objetivo de otorgar subsidios exclusivamente a los sectores poblacionales más vulnerables (nada de empresas, industrias, comercios y pymes), estableciendo límites en los volúmenes subsidiados, según la zona geográfica de residencia y la conformación del hogar: de 1 a 2 personas, de 3 a 4 personas, o más de 5 personas. La audiencia pública para tratar el incremento tarifario se realizó el 4 de enero y la del recorte de subsidios el 29 de febrero pasado.
Allí se estableció que si el costo de la CBE no supera 10% de los ingresos totales por familia no recibirá ningún tipo de asistencia del Estado. Por tanto, si la CBE de electricidad y gas juntos suma $40.000 mensuales, a raís de un consumo mensual de 200 khw y 40 m3 de gas, los hogares con capacidad de ayuda serán los que no superen los $400.000 mensuales.
Según un estudio de la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA), las familias que tengan ingresos por más de $790.000 mensuales perderán los subsidios a la energía en el invierno. La cifra corresponde al tope de consumo de un “grupo conviviente” de entre 3 y 4 personas en la región bioambiental “Templada (3)”, donde vive el grueso de la población argentina: ciudad y Gran Buenos Aires, La Plata y Rosario, entre otras localidades.