En el marco de la reestructuración del Estado impulsada por la administración de Javier Milei, el gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 70/2025, la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. La medida, que afecta a emblemáticos programas como Procrear y Casa Propia, también involucra la cesantía de unos 500 empleados, quienes quedarán fuera de los registros oficiales a partir de la implementación de la resolución 150/25 en el Boletín Oficial.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, defendió la decisión con vehemencia, señalando que la construcción estatal de viviendas es “una mala política” y sosteniendo que debe ser una tarea atribuida a provincias y municipios. Además, destacó el impacto económico de la medida, detallando que, solo por los sueldos de los empleados cesanteados, el ahorro para el contribuyente será significativo, lo que representa unos 6.500 millones de pesos al año en términos de impuestos.
Sin embargo, los especialistas en el tema no tardaron en alertar sobre las consecuencias de esta drástica reestructuración. Diversos miembros del Colegio de Arquitectos de la Provincia y de facultades de Arquitectura y Planeamiento del país cuestionaron la viabilidad de una estrategia que deja en el aire más de 6 millones de hogares viviendo en condiciones precarias y una falta crónica de acceso a crédito hipotecario.
A través de este decreto, el gobierno nacional resolvió disolver la Secretaría de Vivienda como parte de su plan “Motosierra 2.0”, trasladando algunas de sus funciones a la Secretaría de Obras Públicas. Pero el cierre de esta secretaría no fue bien recibido por todos. En particular, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, denunció en las redes sociales que más de 16.000 viviendas quedaron abandonadas en distintos puntos de la provincia, algunas a tan solo un paso de su finalización. La acusación fue directa: el gobierno nacional dejó estas viviendas a medio hacer, a pesar de haberse financiado con los impuestos de todos los argentinos.
Batakis, además de exponer su preocupación por la parálisis de los proyectos nacionales, acusó al gobierno de Milei de no mostrar interés por la situación de miles de familias que esperaban la entrega de sus hogares. A pesar de la crítica, la Provincia de Buenos Aires decidió seguir adelante con la construcción de 8.000 viviendas con fondos propios, buscando mitigar, al menos parcialmente, los efectos de la medida nacional.
Con el futuro de las obras nacionales ahora en la cuerda floja y la incertidumbre sobre cómo se coordinará la transferencia de los proyectos inconclusos, la crisis habitacional en la provincia se agudiza. A pesar de los esfuerzos del gobierno provincial para continuar las obras, el desinterés del gobierno central mantiene en vilo el destino de muchas familias que hoy se ven atrapadas entre la promesa de un hogar y la parálisis del sistema.