El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, les presentaron a los gobernadores del país un borrador de la versión de la llamada ley Ómnibus con un listado de títulos e intenciones generales. Las “emergencias” del texto original se reducen a cuatro, y las empresas a privatizar pasaron de 41 a 13. Se mantienen la reforma del Estado y la desregulación económica. Esta vez están contenidas en el paquete la reposición de la cuarta categoría de Ganancias y una nueva fórmula para las jubilaciones.
De acuerdo a lo que publica Página 12, el proyecto de Ley Bases que el gobierno nacional presentó el 27 de diciembre, y que contaba en su versión original con 664 artículos, tras la derrota legislativa de febrero se redujo. Además de la vuelta de Ganancias, el Gobierno buscará modificar la fórmula previsional: impulsa un ajuste mensual por IPC, que empezaría a tener vigencia a partir de abril.
En casa de gobierno adelantan que en los próximos días habrá “dos grupos de trabajo”. Uno estará a cargo del ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, que se reunirá con sus pares de cada una de las provincias, y otro de Interior, encabezado por Francos, que congregará a los ministros de gobierno.
Además, añaden que el resto de temas que formaban parte del proyecto original y que quedaron excluidos, como las reformas políticas, lo vinculado a la cultura, la educación y la seguridad, entre otros, quedarán para proyectos que se irán presentando a lo largo del año.
“Ley bases”, dice el escrito al que tuvo acceso Página12 y que recibieron los mandatarios provinciales. En la carilla aparecen nueve títulos. El primero puntualiza las emergencias. El gobierno quiere declarar cuatro y por el plazo de un año en materia: administrativa, económica, financiera y energética.
El título dos habla de reforma del Estado y se divide en cuatro capítulos. El primero menciona una “reorganización administrativa”, es decir, de las delegaciones. Detalla que es necesaria la “reorganización, fusión, transformación, disolución parcial o total de órganos u organismos de la administración central o descentralizada creados por ley o norma de rango equivalente, excluyendo Universidades, CONICET e INTA”. Luego, menciona la eliminación de los Fondos fiduciarios ya que pide la “modificación, disolución o extinción de fideicomisos públicos y la reversión de sus recursos al Tesoro Nacional hasta la próxima ley de presupuesto”.
El segundo capítulo, dentro del título reforma del Estado, se refiere a la privatización de las empresas públicas. En un principio el Gobierno quería privatizar unas 40 y ahora el número se redujo a 13. En la tercera carilla, que funciona de anexo, hay una nueva división en tres categorías.
La primera enumera a las empresas públicas que quieren vender: Aerolíneas Argentinas; Energía Argentina S.A; Radio y Televisión Argentina S.E; YCRT e Intercargo S.A.U. La segunda es la de “Empresas Mixtas”. Allí figuran: Nucleoeléctrica Argentina S.A; Banco de la Nación Argentina (y todas las empresas del Grupo) y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.
Tercera y última es la categoría de “Privatización/Concesión”. La lista contiene a Agua y Saneamientos Argentinos S.A; Correo oficial de la República Argentina S.A; Belgrano Cargas y Logística S.A; Sociedad Operadora Ferroviaria S.E y Corredores viales S.A.
El capítulo tres del título Reforma de Estado es el de la “Reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos”. El cuarto se denomina “Empleo Público”, y Ninguno de ellos tiene desarrollo. Solo menciones que, en su mayoría, no están explicadas.
Anses, paquete fiscal y reforma laboral
El título tres está dedicado a la consolidación de deuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). “Consolidación de Deuda Pública. Se mantienen acciones de empresas dentro FGS en ANSES”, dice e inmediatamente se pasa al capítulo cuarto, que habla de “contratos vigentes y acuerdos transaccionales”. “Disponer por razones de emergencia, la renegociación o rescisión de los contratos de determinadas características y montos; y regular la posibilidad de celebrar acuerdos transaccionales”, detalla.
El título quinto es uno de los centrales ya que tiene que ver con lo fiscal, pero no forma parte de la carilla denominada, justamente, “Paquete fiscal”. Es el que detalla la “movilidad de las prestaciones previsionales”, y detalla que el Gobierno buscará modificar la fórmula previsional. Se tratará de un ajuste mensual por IPC que empezará a tener vigencia a partir de abril y que contemplará “10 puntos porcentuales de recomposición”, según detallan. Es decir, el Gobierno dejaría por fuera los meses que se estima que serán los de mayor inflación que fueron los que ya pasaron desde que asumieron.
El título sexto es el denominado “Promoción del empleo registrado”, y allí se explica que se creará “un régimen de blanqueo laboral”, sin dar más explicaciones de cómo se logrará. El séptimo es novedoso. Está dedicado a la “Desregulación económica”, y detalla que se delegará al Poder Ejecutivo “la modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de costos, atenten contra la libre competencia, generen escasez o distorsiones en los precios de mercado”.
Octavo figura Energía: “Ley Hidrocarburos, Gas natural y transición energética”, y noveno y último está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que era un pedido que venían haciendo con insistencia gobernadores como el de Catamarca, Raúl Jalil y el de Salta Gustavo Sáenz.
La hoja del Paquete fiscal es más escueta. Contiene seis títulos. El primero es la moratoria Impositiva; el segundo la modificación de los Impuestos Internos al Tabaco; el tercero la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas físicas y Sucesiones Indivisas; el cuarto la modificación de la ley de Ingresos Personales (Ganancias Cuarta Categoría) y “eliminación de ciertas exenciones que aplican sobre la cuarta categoría”; el quinto la “modificación del Monotributo aumentando las escalas de montos de facturación y las cuotas fiscales” y el sexto uno denominado “régimen de transparencia fiscal al consumidor”.