La tensión entre el Gobierno y las universidades públicas del país crece a medida que se acerca el inicio del ciclo lectivo 2025. Docentes, no docentes y autoridades universitarias exigen una urgente actualización salarial y una ampliación del presupuesto educativo para enfrentar el impacto de la inflación, mientras las mesas de examen y el inicio de cursillos están en riesgo.
Ángel Morales, secretario general de la Asociación del Personal No Docente de la UNT (APUNT), señaló que los trabajadores percibieron incrementos salariales insuficientes en los últimos meses. “Recibimos una suba del 2% en noviembre, del 1% en diciembre y nada en enero. La inflación de fin de año fue del 6%, lo que nos hizo perder más de tres puntos en 90 días”, explicó.
Desde el sector docente, Anahí Rodríguez, titular de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT), denunció que los salarios universitarios acumulan una pérdida de más de 60 puntos frente a la inflación. “El 90% de los docentes está por debajo de la línea de pobreza, y el presidente Milei anunció que desde marzo no habrá más aumentos salariales. En estas condiciones, no podemos iniciar el ciclo lectivo con normalidad”, advirtió.
La situación también afecta la gestión académica y administrativa. Mientras el personal no docente se reincorporará tras el receso en los próximos días, el retorno de los docentes está previsto para mediados de febrero. Sin embargo, Morales confirmó que se realizarán asambleas para evaluar medidas de fuerza. “Defenderemos la universidad pública, porque este ataque al sistema educativo no puede continuar”, sostuvo.
Reclamos de las autoridades universitarias
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sumó su voz al reclamo de los trabajadores, exigiendo al Gobierno una mejora presupuestaria que permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad de San Luis, advirtió que sin una recuperación salarial del 50%, el primer cuatrimestre de 2025 está en riesgo.
Mercedes Leal, vicerectora de la UNT, respaldó las demandas y subrayó la importancia de garantizar la educación pública, gratuita y de calidad. “Es urgente recomponer los salarios y actualizar los programas de asistencia a estudiantes. Un sistema de becas e incentivos es clave para asegurar la permanencia y el egreso de los alumnos”, expresó.
El descontento de las universidades también se ve agravado por la falta de un presupuesto aprobado. El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso en 2024, que contemplaba aumentos por encima de la inflación para solo 10 de las 62 universidades del país, nunca fue tratado. Desde entonces, las instituciones funcionan con partidas reconducidas de 2023, lo que, según los rectores, pone en riesgo su sostenimiento a lo largo del año.
En el último documento elaborado por el CIN durante un encuentro en Río Cuarto, los rectores advirtieron que la falta de un presupuesto claro y acorde a la inflación generará “un año de desfinanciamiento crítico para las universidades públicas”.
Una huelga educativa en el horizonte
La incertidumbre también alcanza al movimiento estudiantil, que podría quedar atrapado en un escenario de protestas. Rodríguez convocó a la unidad de docentes, no docentes y estudiantes para impulsar una “huelga educativa nacional”. Según la dirigente, “el vaciamiento de las universidades se agravó con la gestión libertaria que gobierna sin presupuesto”.
Con el inicio del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina, la comunidad universitaria espera que febrero traiga soluciones concretas. Sin embargo, la falta de avances hasta el momento alimenta un clima de malestar que amenaza con paralizar el sistema universitario en todo el país.